Al dictar su resolución, el tribunal no valoró la legalidad técnica del llamado sistema para regular la temperatura preajustada del refrigerante y se centró en las formalidades. Consideró inválida la orden por un motivo concreto: el fundamento jurídico estaba desfasado, ya que la anterior directiva de homologación de tipo había sido sustituida por reglamentos europeos. En la práctica, es un recordatorio —bastante elocuente en el sector— de que el procedimiento puede decidir el desenlace incluso cuando las cuestiones técnicas no se ponen a prueba.

Como consecuencia, las órdenes han perdido fuerza legal. Sigue sin estar claro si la agencia presentará un recurso.

Para los propietarios de los diésel afectados, el fallo levanta temporalmente las obligaciones: la llamada a revisión obligatoria queda suspendida hasta que la KBA emita una nueva orden que se ajuste a la normativa vigente o impugne la decisión. Para quien conduce, eso alivia la presión por ahora, pero también alarga la incertidumbre.

La decisión también puede tener un peso simbólico, sobre todo en casos similares en los que la KBA se apoya en argumentos comparables. Mercedes‑Benz interpreta el fallo como la confirmación de que la base legal inicial de las exigencias de llamada a revisión era vulnerable. Aun así, la compañía siguió adelante con la campaña y, cuatro años después, ha reequipado casi la totalidad de los 1,4 millones de vehículos. El final de la disputa depende ahora de los próximos pasos de la KBA.