Mercedes‑Benz llegó a un acuerdo con los estados de EE. UU. para cerrar una investigación prolongada sobre la presunta manipulación de emisiones diésel. Según fiscales estadounidenses, el arreglo asciende a 149,6 millones de dólares e incluye a 48 estados, además de Puerto Rico y el Distrito de Columbia. La compañía sostiene que así deja zanjadas, a nivel estatal, sus reclamaciones relacionadas con el diésel en Estados Unidos y que el impacto en el beneficio neto será nulo, dado que los gastos ya estaban provisionados.

En el centro del caso están las acusaciones de que un software no revelado en modelos diésel reducía las emisiones durante las pruebas oficiales, mientras que en la conducción cotidiana los niveles podían superar con creces los límites legales. En virtud del acuerdo, Mercedes financiará la instalación de una modificación de software aprobada en los vehículos afectados, ofrecerá una garantía ampliada y abonará 2.000 dólares a los propietarios y arrendatarios cuyos autos pasen la reparación exigida.

El entendimiento también detalla cómo se efectuarán los pagos a los estados: una parte sustancial se desembolsa por adelantado, y el resto puede reducirse en función de cuántos vehículos se reparen, sean recomprados o se retiren del servicio. El pacto impone medidas para evitar que se repitan problemas similares y prevé supervisión, con un resultado sujeto a aprobación judicial. En la práctica, el diseño del acuerdo apunta a resultados tangibles —poner más coches al día o fuera de circulación— y no a cumplir expedientes, una señal de pragmatismo que puede acelerar el cierre de este capítulo.